- Una obligación que recoge la nueva Ley 7/2022 de 8 de abril de Residuos y Suelos Contaminados que exige a los ayuntamientos disponer de un cuerpo de vigilancia de residuos.
- El Pleno celebrado el pasado 2 de junio aprobó la firma de un convenio por el que se enconmienda a la Diputación esta gestión de vixgilancia debido a la falta de medios municipales y con el objetivo de que el servicio sea lo más eficaz posible y por lo tanto se puedan alcanzar los objetivos de reciclaje y reducción de impropios marcados en esta nueva Ley.
- Esta normativa obliga a reducir los biorresiduos anualmente en un 20% a partir del 2022 y en un 15% desde 2027.
- El Ayuntamiento ya trabaja en la separación de residuos desde el punto limpio y con el servicio de recogida de voluminosos por las parroquias. Un servicio que está ayudando a eliminar y separar los residuos impropios de los residuos orgánicos.
En el Pleno ordinario celebrado el pasado 2 de junio se adoptó el acuerdo de firmar un convenio de colaboración con la Diputación para regular las condiciones en las que se desarrollará el encargo de la gestión del servicio de vigilancia e inspección en materia de residuos municipales que tendría que asumir el Ayuntamiento, por así acordarlo la nueva Ley de Residuos, a favor de la Diputación Provincial de Pontevedra.
Una obligación recogida en la nueva normativa en materia de residuos (Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular), que supone un cambio sustancial en la tradicional visión que se tenía del tratamiento de los residuos, con importantes exigencias para los Ayuntamientos.
Entre estas exigencias está la creación de un cuerpo de vigilancia en materia de residuos y alcanzar una serie de objetivos de separación y preparación para el reciclaje de alta calidad, debiendo para eso los Ayuntamientos establecer la recogida separada de, por lo menos, las siguientes fracciones de residuos de competencia local:
a) El papel, los metales, el plástico y el vidrio,
b) Los biorresiduos de origen doméstico antes de 31 de diciembre de 2023.
c) Los residuos textiles antes de 31 de diciembre de 2024,
d) Los aceites de cocina usados antes de 31 de diciembre de 2024,
y) Los residuos domésticos peligrosos antes de 31 de diciembre de 2024, para garantizar que no contaminen otros flujos de residuos de competencia local,
f) Los residuos voluminosos (residuos de muebles y enseres) antes de 31 de diciembre de 2024,
g) Otras fracciones de residuos determinadas reglamentariamente.
En el caso de los biorresiduos la Ley señala que el porcentaje máximo de impropios será del 20% desde 2022 y del 15% desde 2027.
La superación de estos porcentajes de impropios y el incumplimiento del deber de establecimiento de recogida separada para las fracciones de residuos mencionadas, tendrá el carácter de infracción administrativa grave sancionable por las Comunidades Autónomas (artículo 25.4, en relación con el artículo 108.3. w de la citada Ley).
Para evitar posibles sanciones, las entidades locales debemos establecer mecanismos de control y reducción de impropios para cada flujo de recogida, correspondiéndole al Ayuntamiento ejercer a labor de vigilancia y la potestad de sancionar. Para poder desarrollar este cometido el Ayuntamiento debe contar con un cuerpo de inspección formado por personal funcionario debidamente reconocido que tendrán la consideración de agentes de la autoridad.
Sin embargo y considerando la gran carga de trabajo que traerá consigo estos deberes y la escasez de medios materiales y personal municipal que tienen los Ayuntamientos, la Deputacion de Pontevedra está en disposición de crear un cuerpo de vigilancia, inspección y control en materia de residuos y asumir la gestión de esta actividad previa encargo del Ayuntamiento, en base al artículo 36.2.d) de la LBRL que atribuye a las Diputaciones la competencia propia de dar soporte a los ayuntamientos en la tramitación de procedimientos administrativos y en la realización de actividades materiales y de gestión, asumiéndolas cuando aquellos se las encomienden.
En la Sesión Plenaria celebrada el 2 de junio se votó a favor de que la Diputación asuma este nuevo servicio obligatorio con un coste para las arcas municipales que se verá incrementado o reducido en función de la capacidad de reciclaje obtenido cada anualidad.
Por eso la colaboración y el compromiso de todas las vecinas y vecinos es fundamental!!!