El Ayuntamiento celebró esta mañana una nueva sesión plenaria extraordinaria para votar la actualización de once ordenanzas fiscales municipales, muchas de ellas sin revisar desde su aprobación en los años 1994 y 1998.
La propuesta fue aprobada con los votos a favor del Equipo de Gobierno y los votos en contra del Grupo Municipal del Partido Popular y del Concejal No Adscrito.
Esta medida se enmarca en el Plan de Saneamiento Financiero aprobado por el Pleno el 30 de noviembre de 2023 y aceptado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública con efectos desde enero de 2024.
El objetivo principal de este plan es garantizar la estabilidad presupuestaria, la liquidez de la Tesorería municipal y la sostenibilidad financiera de la entidad local.
La obligación de actualizar las ordenanzas fiscales deriva directamente de la situación económica que arrastraba el Ayuntamiento, incapaz durante años de hacer frente a los pagos con sus proveedores y de reducir la deuda acumulada con el tiempo.
El alcalde recordó que esta deuda, heredada de mandatos municipales anteriores a 2019, superaba los 4,5 millones de euros, de los cuales se pudo afrontar una pequeña parte, pero el resto tuvo que ser asumido por el Ministerio de Hacienda a través de los Mecanismos Extraordinarios de Pago a Proveedores puestos en marcha en los ejercicios 2022 y 2023.
De este modo, el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España afrontó directamente el pago de las facturas pendientes a proveedores del Ayuntamiento de A Cañiza, por un importe total de 2.769.008,52 euros más intereses, cantidad que ahora el Ayuntamiento está devolviendo al Estado.
Como consecuencia, el Ayuntamiento se ve obligado a reintegrar esa deuda mediante retenciones mensuales del 50 % de las cantidades que le corresponden por la Participación en los Tributos del Estado (PTE).
Con el fin de aliviar esta carga y mantener la reducción de esa retención al 25 %, el Ayuntamiento debe acreditar el cumplimiento del Plan de Saneamiento Financiero y continuar adoptando medidas que incrementen su capacidad de ingresos y mejoren la suficiencia financiera municipal.
El artículo 117 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 permite solicitar esta reducción, siempre que la entidad local justifique el cumplimiento de las medidas recogidas en el Plan de Saneamiento y adopte actuaciones de actualización normativa y fiscal que garanticen la suficiencia de los ingresos públicos.
Muchas de las ordenanzas vigentes mantenían su redacción original desde los años 1994, 1998, 2012 y 2015, lo que provocó una evidente desactualización normativa y una pérdida de capacidad recaudatoria real frente al incremento de los costes actuales de los servicios públicos.
Por este motivo, el Ayuntamiento de A Cañiza considera esencial continuar implementando medidas de actualización normativa y fiscal, incluyendo la revisión de tasas y precios públicos conforme al IPC acumulado, con el fin de adecuar el marco tributario municipal a la realidad económica actual y garantizar que el Ministerio de Hacienda mantenga la retención reducida del 25 %.
El 15 de octubre, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio admitió a trámite la solicitud del Ayuntamiento de A Cañiza para mantener la reducción de la retención al 25 % durante el ejercicio 2026, siempre que se acredite el cumplimiento de las obligaciones con la Agencia Tributaria y con la Seguridad Social al cierre del ejercicio.
En este contexto, el alcalde Luis Piña subrayó que “la revisión y modernización de las ordenanzas fiscales no es solo una cuestión administrativa, sino una medida necesaria y responsable para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras, reforzar la estabilidad económica del Ayuntamiento y asegurar la continuidad de los servicios públicos municipales”.
Añadió también que “el Ayuntamiento no tiene un afán recaudatorio, porque son cantidades muy pequeñas las que se van a recaudar, pero estas actualizaciones son necesarias para mantener la reducción de la retención que aplica el Ministerio de Hacienda”.
Además, destacó que “hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, porque el Ayuntamiento aún no puede mantener el equilibrio entre el coste real de los servicios públicos y los ingresos que percibe, por lo que estas medidas son imprescindibles para garantizar su sostenibilidad”.
Las once ordenanzas actualizadas abarcan diferentes tasas y precios públicos, entre ellas:
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Tasa por la celebración de matrimonios civiles.
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Tasa por ocupación de terreno de uso público municipal con materiales o instalaciones temporales.
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Tasa por licencias urbanísticas.
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Tasa por apertura de zanjas y calas en vías públicas.
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Tasa por expedición de documentos administrativos.
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Tasa por entradas de vehículos y reservas de vía pública.
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Tasa por el uso y mantenimiento del cementerio municipal.
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Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público con puestos o atracciones temporales.
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Tasa por el servicio de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos (basura).
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Tasa por el suministro de agua.
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Tasa por el servicio de la red de alcantarillado.
